Divorcio de mutuo acuerdo o contencioso: en qué se diferencian
Antes de iniciar un divorcio conviene aclarar cómo se organizarán los hijos, la vivienda y los gastos. El acuerdo entre los cónyuges permite proponer esas medidas conjuntamente. Cuando hay desacuerdo, será necesario que el tribunal resuelva las cuestiones discutidas.
Qué se decide en un divorcio
La organización del cuidado de los hijos y sus relaciones con ambos progenitores.
Los alimentos de los hijos y el reparto de sus gastos.
El uso de la vivienda familiar.
Las medidas económicas entre los cónyuges y, cuando proceda, las relativas a sus bienes.
Las medidas dependen de la situación familiar y de la normativa aplicable. Si hay hijos menores, su interés debe guiar las decisiones que les afectan.
No hace falta alegar motivo
Puede solicitar el divorcio uno de los cónyuges aunque el otro no esté de acuerdo. Como regla general, deben haber transcurrido tres meses desde la boda. La ley contempla excepciones a ese plazo cuando se acredita una situación de riesgo para el cónyuge o los hijos en los términos legalmente previstos.
Dos ventajas del mutuo acuerdo
Un acuerdo bien preparado permite concretar las medidas y puede simplificar la tramitación. En el divorcio judicial de mutuo acuerdo, los cónyuges pueden compartir abogado y procurador. La vía notarial solo es posible en los casos permitidos por la ley y requiere asistencia de abogado. Ni el coste ni la duración son iguales en todos los asuntos.
Cuando no hay acuerdo: el contencioso
Si persiste el desacuerdo, cada parte plantea su posición y el tribunal competente decide sobre las medidas discutidas. Es importante preparar la documentación y la prueba desde el principio. La posibilidad de negociar se valora según el caso y los límites legales; no debe darse por supuesto que cualquier conflicto admite la misma vía.
Reúna estos documentos antes de empezar
Prepare el certificado de matrimonio y, si hay hijos, sus certificados de nacimiento. Para valorar las medidas económicas resultan útiles los justificantes de ingresos, los gastos familiares, la documentación de la vivienda y los datos de bienes y deudas. Si existen resoluciones o acuerdos anteriores, conviene revisarlos también.
Cómo lo llevo por usted
Reviso su situación familiar y la documentación disponible.
Valoro las medidas que conviene solicitar y los trámites previos aplicables.
Si es viable un acuerdo, preparo su propuesta; si no, planteo la vía judicial que corresponda.
Cuando resulte necesario, estudio la solicitud de medidas provisionales para ordenar la situación mientras se tramita el divorcio.
Puede contactar conmigo en el 615 970 212. Atiendo en despacho en Tarragona y Tortosa.
Antes de cambiar de domicilio
Conviene valorar cómo afectará el traslado a los hijos, los gastos y las medidas que puedan solicitarse. Cada situación requiere su propio análisis. Si existe violencia o un riesgo inmediato, la prioridad es la seguridad y la protección, no mantener la convivencia.
El convenio regulador
El convenio recoge las medidas pactadas para organizar la situación tras la ruptura. Debe ser claro, ajustarse a la ley y formalizarse por la vía que corresponda. Si hay hijos, es esencial concretar su cuidado y sus necesidades, evitando acuerdos ambiguos que generen nuevos conflictos.
Qué pasa con la vivienda familiar
La propiedad de la vivienda y el derecho a utilizarla son cuestiones distintas. Para decidir sobre su uso deben valorarse el acuerdo entre los cónyuges, las necesidades familiares y las reglas aplicables al caso. No puede asegurarse de antemano a quién corresponderá ni durante cuánto tiempo.
Cuánto puede tardar
La duración depende del tipo de procedimiento, de si existe acuerdo, de las pruebas necesarias y de la tramitación del órgano competente. Tras estudiar el asunto se puede explicar qué pasos son previsibles, pero no garantizar una fecha de resolución.
Si más adelante cambian las cosas
Un cambio relevante de las circunstancias puede justificar una solicitud de modificación de medidas. Debe acreditarse y tramitarse por la vía correspondiente; no conviene dejar de cumplir por cuenta propia lo establecido en una resolución vigente.
Información general; cada caso necesita un análisis individual. Juan Antonio Sepúlveda Rivero, abogado colegiado 3.012 del ICAT. Teléfono: 615 970 212.
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